Las ‘cadenas cooperativas’ son un camino eficaz para generar desarrollo social y económico en el país: UdeG y BUAP.

• “Una de las cuestiones históricas en este país es que el estado ha sido el rector del cooperativismo y no el cooperativismo rector de su propio sector solicitando al estado diferentes concesiones para poder funcionar”.

• “Acreditamos que es importante resaltar el trabajo (de CONCAMEX) con 15 millones de personas agremiadas y el impulso (del sector) en materia legislativa y esa es la razón por la que reconocemos que estos grupos cooperativos que están buscando mejorar la vida de todas las personas se deben destacar”.

• “Hay un enfoque histórico de relegar al cooperativismo en un sentido de asistencialismo en México (…) debemos tomar nuestras propias decisiones como sector, lo que llamamos politización del sector”.

En Estados Unidos el sólido sector integrado por las cooperativas eléctricas realiza importantes esfuerzos en conjunto con el de las uniones de crédito (como se conocen en el país del norte a las cooperativas de ahorro y préstamo) y llevan a cabo desde 2015 esfuerzos por promover el alfabetismo financiero entre sus asociados, la mayoría ubicados en las zonas agroindustriales de la unión americana.

En Alemania, 80 por ciento de las pequeñas empresas obtienen financiamiento de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y en la región francófona de Canadá, la legislación no solo permite, sino que fomenta y beneficia las relaciones mercantiles y educativas entre las empresas de la economía social haciendo lo que conocen como Carrefour financiero solidario.

El ahorro colectivo con fines productivos gestionado por las cajas populares en nuestro país podría contribuir acortando las brechas sociales (acentuadas de forma dramática durante la pandemia mundial), apuntan investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Lo anterior en un contexto que promueva y potencie estos emprendimientos para que a su vez, de manera solidaria, se conforme una “cadena cooperativa de consumo”.

En su Reporte parcial sobre el proceso de desestructuración del cooperativismo en México, de reciente divulgación, destacan que los sectores de la población más vulnerables y con mayores carencias pueden convertir este ahorro cooperativo en inversión de capital gestionada de manera colectiva y así conseguir condiciones equilibradas para “disputar la riqueza de la producción a través de empresas cooperativas (…) de modo que las ganancias de la producción de dicho capital no sería de apropiación privada sino gestionada por los mismos trabajadores para mejorar su cantidad y calidad de consumo mercantil”, suscribe el documento.

La investigación enfatiza en la inclusión financiera como una de las estrategias más acreditadas para combatir la pobreza tanto en América Latina como en específico en el país por lo que en las últimas décadas organizaciones internacionales, administraciones del gobierno federal mexicano y la banca tradicional han encabezado “una agresiva campaña para aumentar estos niveles (de inclusión al sistema financiero formal)”, acción que de acuerdo con los investigadores lleva a cabo en México desde hace casi siete décadas el cooperativismo de ahorro y préstamo que, “históricamente ha ofrecido cobertura en municipios y zonas rurales donde la banca privada es inexistente”, se lee en el documento.

“Desde octubre de 1951 han sido factor fundamental para el desarrollo económico del país y más en estos momentos de pandemia por el Covid-19. Las cooperativas que integran la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex) otorgan anualmente millones de préstamos entre sus socios. El impacto que generan involucra a más de 15 millones de mexicanos”, divulga, entre otros conceptos, el articulo científico.

Para Eduardo Enrique Aguilar, doctorante en economía política del desarrollo por el Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social (CEDES) de la Facultad de Economía de la BUAP, investigador que participa en el reporte, existen dos grandes desafíos para alcanzar esta interrelación cooperativa inscrita de manera fundacional en el sexto principio cooperativo (cooperación entre cooperativas): por una parte la legislación en el país rompe con el ciclo virtuoso del cooperativismo impidiendo el flujo y consolidación de este tipo de empresas al no existir aún leyes consolidadas concretas acorde con sus características, y por otra, hay una división entre los diversos sub-sectores cooperativos.

Elaborado por en conjunto con Sergio Porras Zárate y José Enrique López Amezcua, profesores de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA) de la UdeG, el trabajo nace a raíz del Mapeo de iniciativas de Economía Social y Solidaria en Jalisco 2018-2019, investigación académica que recibió el respaldo financiero del fortalecimiento de cuerpos académicos al que convoca la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“La legislación es básica para romper o fomentar el ciclo del cooperativismo, sin embargo, hay otro gran problema en paralelo que es la desestructuración misma del sector (…) no hay diálogos que trasciendan en una lógica de cooperación como sí existen en otros países”, refirió el académico.

Por lo anterior enfatizó en la importancia de generar una fuerza unificada que pueda colocar en la agenda legislativa los intereses integrados y conciliados por la mayoría de los integrantes del cooperativismo nacional.

“El gran peligro es que cada sub-sector del cooperativismo en México luche por sus propios intereses; por ejemplo, que las grandes cooperativas de producción luchen por una legislación, que solamente les beneficie a este estilo, o las de ahorro y préstamo, que solo velen por esta vertiente del cooperativismo (…) y lo que tratamos de decir es que el sector funciona como una cadena y más allá de la cadena productiva o de suministros, (generar) una cadena de capital en donde se junta el financiamiento la producción y el consumo (cooperativo)”, subrayó.

 Para este investigador, al menos sobre el papel, existe una oportunidad valiosa de fomento al cooperativismo mexicano desde los poderes legislativo y ejecutivos, quienes han manifestado el enfoque social de sus encargos actuales.

“Hemos dialogado mucho en el cuerpo académico sobre la situación actual y vemos grandes oportunidades de trabajo, sin embargo, a dos años de entrar en funciones el ejecutivo y el legislativo, no encontramos un diálogo real en torno a un cambio de legislación y a un fomento cooperativo más allá del INAES (Instituto Nacional de Economía Social) quienes están teniendo un buen desempeño que no había ocurrido desde su creación”, apuntó el académico.